El Código Penal se actualiza y da cabida a la prevención de riesgos penales en la empresa.

Hasta ahora según el Derecho Español, sólo se le ha podido pedir responsabilidad penal por la comisión de faltas o delitos a personas físicas, pues solía utilizarse la expresión «societas delinquere non potest» para referirse a esta situación.

Fué en el año 2.010 cuando  el Código Penal Español recoge por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es a partir de julio de 2.015 (cinco años después) cuando ha entrado en vigor la aplicación con mayor claridad, instaurando por primera vez un sistema de prevención de riesgos penales en las empresas.
Aunque no todas, las infracciones penales derivan en responsabilidades para la persona jurídica. La puesta en práctica de esta ley durante cinco años, ha demostrado el amplio abanico de infracciones que pueden ser cometidas, por lo que se ha hecho necesario aplicar un sistema de prevención de riesgos penales.

Según queda establecido en el artículo 31 bis del nuevo Código Penal, la persona jurídica será responsable de comisión de delito por una persona física en dos supuestos:
A.- Delitos cometidos en nombre o por cuenta de ella misma, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrante de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa y ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
B.- Delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales, por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona física, por quienes, estando sometidos a la autoridad de la persona física mencionada, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de leyessu actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Por el contrario, la reforma penal de 2.015 introduce también cuatro supuestos en los que la persona jurídica queda exonerada de responsabilidad penal, son los siguientes:

  1. Si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
  2. Si la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
  3. Si los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención de la compañía.
  4. Si no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición segunda.

Coacciones-derecho-penalEs importante precisar que estas cuatro condiciones deben cumplirse en su totalidad para que opere la exención de responsabilidad penal para la persona jurídica. Si dichos requisitos tan sólo pueden ser objeto de acreditación parcial, no tendrán la virtualidad de eximir de responsabilidad penal a la sociedad, aunque se valorará a efectos de una posible atenuación de la pena.

Los requisitos que deberá cumplir todo Sistema de Prevención de Riesgos Penales son:

  • Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  • Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
  • Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  • Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  • Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  • Se realizará una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Todo buen sistema de prevención de riesgos penales debe de regular, organizar y supervisar.

Regular  efectuando un análisis y procesamiento de datos de la empresa con los administradores, directivos y trabajadores de la compañía, tras lo que se elabora el mapa de riesgos penales de la compañía. Definidos los riesgos, se redacta un código de conducta de la compañía y el plan de prevención de riesgos penales. Importantísimo en esta fase es la formación de los trabajadores de la empresa y su compromiso con los objetivos de la prevención penal.

Organización en la segunda fase, poorque de nada sirve tener instaurado un buen plan de prevención de riesgos penales si no es más que papel mojado en una estantería de la empresa, designar un responsable de cumplimiento del plan de prevención, instaurar un sistema interno de denuncia e investigación de delitos y poner en marcha un catálogo efectivo de infracciones y sanciones.

Supervisar una auditoría externa anual que nos informará del grado de cumplimiento del plan, actualice el mapa de riesgos penales de la empresa y revise tanto el código de conducta como el plan de prevención de riesgos penales.

Las consecuencias penales que se pueden derivar, son, entre otras:
– Una multa económica, mínimo.
– El artículo 33.7 del Código Penal prevé penas como la prohibición -para la empresa- de realizar las actividades en cuyo ejercicio se ha delinquido.
– Inhabilitación para obtener subvenciones o la prohibición de contratar con la administración.
– El Juez podrá acordar la disolución de la empresa.
– Suspensión de la actividad mercantil o la clausura de sus locales por un período de hasta 5 años.
– Posibilidad de intervenir judicialmente la propia empresa.

Ben JonsonDecía Ben Jonson: “Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los más elocuentes discursos”.
Por ello creo, hablamos de un riesgo de máxima importancia para el futuro de cualquier empresa, y que cualquier administrador debería prever y gestionar.

About Mª Isabel Jiménez

“El talento existe dentro de las empresas, detectarlo y aprovecharlo asegura el éxito empresarial.” Comprometida con la Calidad y el Medio Ambiente, conocedora de las normativas ISO y la Prevención de Riesgos Laborales. Graduado Social/RR.LL., defensora del trabajo en equipo. Con un lenguaje sencillo y cercano nos adentrará en las diferentes necesidades que toda empresa desea cubrir.
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